Informe realizado sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para una universidad pública.
El proyecto de ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17
de septiembre de 2009, con 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Una
vez alcanzada la media sanción, el sábado 10 de octubre del mismo año se logro
la aprobación general en la Cámara Altala Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Dicho cuerpo normativo
reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había entrado en vigencia en 1980 durante
la dictadura militar. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios, establece
las reglas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. El objetivo del presente
trabajo consiste en orientar a la universidad pública con el propósito de
profundizar las nuevas posibilidades de comunicación y participación que tendrá
la institución académica que nos compete, con dicha ley.
Etimológicamente, la palabra
“universidad” proviene del latín “universitas”, formada por el
adjetivo universus - a - um (“todo”, “universal”) y también unus - a um (“uno”
que no admite división). “Universitas” se usó originalmente para designar
cualquier asociación destinada hacia una meta común. En su sentido moderno
denota un cuerpo académico dedicado a la enseñanza y a la educación.
Entendida la universidad como generadora del saber, se le
atribuyó el carácter de “Alma Mater”, en el sentido de engendrar y transformar
al hombre por obra de la ciencia y el conocimiento.
Según la
Ley Nacional
En principio, es importante tener en cuenta el rol destacado
de participación que tuvo nuestra universidad nacional en el documento
denominado “Carta a los Legisladores Nacionales: Una deuda pendiente desde la
dictadura”, emitido conjuntamente por 30 universidades e instituciones públicas,
en septiembre del 2009.
En el documento mencionado,
se dejó en claro que para la realización del, en ese entonces, proyecto de Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, "se tomó nota de las críticas y
los aportes de los ciudadanos, las cooperativas, los grupos de género, los
pueblos originarios, las organizaciones no gubernamentales, los dirigentes de
distintas extracciones políticas, del mundo del trabajo y las empresas".
Como también de "los credos religiosos, las asociaciones civiles sin fines
de lucro y los profesionales y estudiantes del área de la comunicación
social". Asimismo, “más de quince mil opiniones fueron recogidas en
veinticuatro foros y ochenta conferencias”.
En otro de los párrafos del
documento, firmado por nuestro rector, se añadía que las universidades
nacionales confluyeron y acordaron los 21 puntos de la iniciativa por una Ley
de Radiodifusión de la
Democracia , el principal sustento del, en ese entonces, proyecto
de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Dando por sentado que los
fundamentos sostenidos por nuestra institución, sobre la postura respecto de la
ley en cuestión quedan claramente expuestos, iniciamos el análisis de las
posibilidades de participación que brinda la Ley 26.522 a la universidad que nos aboca, mediante
los organismos de control competentes.
- El directorio de
- El artículo 15, por
su parte, dispone la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Entre sus funciones, se destacan “proponer para su nombramiento
por parte del Poder Ejecutivo nacional, dos (2) directores de
- Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE): Tiene
como objetivo administrar los medios de comunicación estatales. Con el régimen
anterior, dicha función era ejercida por parte de la empresa Sistema
Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. RTA SE está integrado, entre
otros miembros, por un académico representante de las facultades o carreras de Ciencias de
- El artículo 124 dispone la creación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, que ejerce el control social del cumplimiento de los objetivos de la ley analizada por parte de RTA SE y funciona como ámbito consultivo extraescalafonario de la entidad. Dicho Consejo está conformado, entre otros, por dos integrantes propuestos (y posteriormente confirmadas o no por el Poder Ejecutivo) por las Facultades de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo de universidades nacionales. De esta manera nuestra institución, así como el resto de las universidades nacionales, podrá proponer sus candidatos para que formen parte, en un futuro, del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.
Por
su parte, la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 37 reconoce el otorgamiento de autorizaciones
(autorización entendida como “el título que habilita a las personas de derecho
público estatal y no estatal y a las universidades nacionales e institutos
universitarios nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos en
esta ley”) a personas de existencia ideal de derecho público estatal, a universidades
nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios y a la Iglesia Católica ,
que se otorga a solicitud de la parte interesada, de acuerdo con la
disponibilidad de espectro, cuando fuera pertinente.
Teniendo en cuenta el interés de nuestra
institución en incorporar una emisora radial (en los próximos cuatro meses)
para la difusión de información de contenido académico, se recomienda lo
siguiente:
- Emitir un mínimo
del sesenta por ciento (60%) de producción local y propia, que incluya noticieros
o informativos locales. (Art. 65 de
- Emitir un mínimo
del veinte por ciento (20%) del total de la programación para difusión de
contenidos educativos, culturales y de bien público. (Art. 65 de
- Conformar redes
permanentes de programación entre nuestra institución y otras
universidades nacionales, o bien, con emisoras de gestión estatal (Art.
147 de
- Crear una
comisión especial, que trabaje conjuntamente con
Sabiendo del objetivo
académico que prioriza nuestra institución, como también de la capacidad de
quienes integran nuestro campo educativo, esperamos se tengan en cuenta las
recomendaciones anteriormente sugeridas.
Del mismo modo, confiamos
en la representatividad que tiene la universidad que nos aboca a la realización
de este informe, en los distintos organismos dispuestos por la Ley 26.522.
Por último,
suscribimos a la declaración, extraída
del documento “Carta a los Legisladores Nacionales: Una deuda pendiente
desde la dictadura”: “La plena libertad
para expresar y difundir las ideas es un principio que se defiende
inexcusablemente en las universidades e instituciones públicas de educación
superior. Este precepto no será realidad hasta que todos los argentinos
tengamos las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación
masiva”.
